La minería, arrasa y aniquila la tierra
En contra de la exploración minera, y ante una continua violación de los derechos humanos y de la naturaleza, la comunidad de los municipios de San Lorenzo y Arboleda exigen el retiro de la empresa canadiense Gran Colombia Gold.
Unidas por la defensa del agua, del territorio y la vida, las comunidades de los municipios de San Lorenzo y Arboleda (Nariño), exigen un alto a la exploración minera del proyecto Mazamorras Gold, filial de la empresa canadiense Gran Colombia Gold, que tiene concesionadas 43 mil hectáreas en Colombia.
Con el respaldo del Plan Nacional de Desarrollo “Hacia una sola Colombia: Camino a la prosperidad democrática”, la minería tiene por finalidad superar la pobreza con la inversión de las multinacionales en el 35% del territorio colombiano, lo que implica una explotación de recursos no renovables que, como el agua, tienden a agotarse hasta desaparecer. En la actualidad ya se vive una crisis del agua, en el mundo mil 300 millones de personas ya no tienen el acceso al líquido de la vida, y 31 países enfrentan su escasez.
En el departamento de Nariño se han otorgado 992 concesiones en 52 de los 64 municipios; entre ellos, San Lorenzo y Arboleda viven los efectos de la explotación minería a cielo abierto por parte de Mazamorras Gold, empresa que con una titulación concedida en 1998 ha construido 21 plataformas de perforación en las veredas La Monja y El Volador (municipio de Arboleda) y Bolívar (San Lorenzo); igual, tiene permisos ambientales para la perforación del agua de uso público y la exploración minera en Los Andes colombianos ubicadas en el norte de Nariño. Así, el agua como un bien público pasa a ser un negocio que atenta contra la comunidad, al ser utilizada para la explotación de cobre y oro.
Afrontando este problema, la comunidad, líderes y lideresas, organizaciones sociales, el Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), y La Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano (Fundecima), visibilizan la violación de los derechos humanos y propenden por el reconocimiento del derecho a su territorio, paisaje, caminos y senderos, a la tierra y al agua.
A Robert Daza, de Cima, le preocupa las transformaciones sociales de su tierra, las divisiones entre la comunidad frente a una escasa oferta laboral y la ausencia de alternativas para el desarrollo del sector agropecuario, lo que incide que la gente vea en la minería una alternativa económica, con un pago entre 7.000 y 30.000 pesos por día. “Son tan solo 10 o 15 años de minería, la mina como llega se va, se va llevando los recursos, dejando la tierra infértil”.
En la etapa de exploración, la minería contamina y genera problemas ambientales en las fuentes de agua comunitaria, cuando en promedio una mina pequeña utuliza 2.500 litros de agua por segundo, lo que equivale al consumo de una ciudad de 600 mil habitantes. “Ahora el agua cae con impurezas, con raros colores; no sabemos si esta agua nos puede causar algún daño, nadie no lo ha informado”, comentó un actor de la comunidad que solicitó mantener su nombre en reserva.
La tierra también sufre con el desgaste de sus nutrientes, debido a las perforaciones que causan infertilidad e imposibilidad para sembrar, al punto que ni la misma multinacional ha logrado reforestar esos grandes vacíos de tierra. Al respecto, la Central Unitaria de Trabajadores en Nariño (CUT), estima que la recuperación de cada centímetro de suelo perforado es de 200 años.
La comunidad le ha exigido a la empresa canadiense que deje su territorio. “Nosotros queremos estar en paz, queremos tener el agua, y la tierra para nuestros hijos, nosotros no ganamos nada con el cobre y el oro, por el contrario perdemos”.
El Cima, en un reciente comunicado, denuncia abuso de autoridad de la multinacional, agresiones del ESMAT, amenazas a líderes comunitarios, inexplicables incendios a trapiches y cultivos de caña, asesinatos por investigar, escasa voluntad de la multinacional para cumplir el compromiso firmado el 10 de octubre en Arboleda, para detener las actividades de exploración, hasta la realización de un foro regional minero; sin embargo, el 20 de noviembre inició la construcción de una carretera entre la vereda Olaya y la vereda El Volador de Arboleda.
Ante eso, el gobernador Antonio Navarro y el alcalde de Arboleda Ciro Rafael Delgado, expresaron su rechazo a la proliferación de explotación minera a campo abierto, por el riesgo que corre el agua y la tierra en una zona de familias agricultoras. “Vemos con preocupación el bajo pago de regalías a los municipios. La explotación del oro no va a dejar recursos a las regiones donde se extrae; por ello, nos oponemos a la continuidad de este proceso, hasta tanto estos asuntos sean totalmente aclarados a satisfacción de la comunidad regional y departamental”.
Bajo el sustento de que el subsuelo es propiedad de la nación, la comunidad espera respuestas y acciones eficientes que no pongan en riesgo sus territorios, y hace un llamado de solidaridad a las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, para que visibilicen ante la opinión pública esta compleja situación social.
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