“El fraude de los políticos y la violencia de los ilegales son las principales amenazas”, MOE.
Un estudio del comportamiento y riesgos preelectorales en el departamento de Nariño basado en la Misión de observación Electoral MOE y la Defensoría del Pueblo genera más preocupaciones que tranquilidad en la contienda electoral del 2011
El análisis responde a la alianza Nariño Decide, iniciativa de la sociedad civil nariñense que integra una variedad de acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad democrática en el departamento de Nariño, y coordina iniciativas de incidencia política sin afiliación partidista o ideológica, con el objetivo de promover la transparencia de los comicios, el voto libre, responsable y programático de la ciudadanía en Nariño.
La MOE concluye que las principales amenazas para las elecciones de octubre son el incremento del fraude electoral, así como un preocupante incremento de la violencia contra candidatos de diferentes organizaciones políticas. La Defensoría del Pueblo identifica los escenarios de riesgo por razones de conflicto armado desde una perspectiva de derechos humanos, y la adopción de medidas integrales de protección de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.
Igualmente, determina que las anomalías e irregularidades electorales, indicativas de posibles fraudes aumentaron 67% para las elecciones de 2011.
Para la Defensoría del Pueblo las principales conductas vulneratorias apuntan a los derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la libertad, como al derecho a elegir y ser elegido. Además, teme que en lugares donde hacen presencia los diferentes grupos armados al margen de la ley, puedan generar actos de perturbación y prácticas de constreñimiento al elector, restricciones a la movilidad de los ciudadanos, entre otras acciones violentas.
Situación regional
Al cruzar los datos suministrados por la MOE y la Defensoría, en 58 de los 64 municipios del departamento de Nariño se presenta algún tipo de riesgo que varían desde los niveles medio a extremo, lo cual representa el 91% del territorio nariñense. La MOE maneja una tercera categoría de riesgo en municipios donde confluyen los riesgos electorales y los riesgos por violencia, encontrando que en Nariño hay 17 municipios en esta situación. Así, la Defensoría registra 14 municipios en nivel de riesgo alto y 11 en nivel medio, para un total de 25 municipios en Nariño, que registran riesgo por violencia.
Situación de riesgo
La MOE incluye a Nariño como uno de los cinco departamentos con más municipios de alto riesgo electoral, 43. Le anteceden Antioquia con 71, Boyacá con 62, Cundinamarca con 52, y le sigue Santander con 41 municipios. Sólo seis de los 64 municipios (9%), no registran riesgo de acuerdo con estos informes: Buesaco, Córdoba, Imués, La Unión, Sandoná y Taminango.
El informe también concluye que los principales agentes de riesgo para fraude electoral ya no son los grupos armados ilegales, porque “el fraude electoral se puede hacer con o sin narcotraficantes, paramilitares o guerrilleros, pero no se hace sin la participación de ciertos candidatos, políticos y funcionarios”.
Es decir, que el riesgo de fraude electoral está menos relacionado con la presencia de grupos armados ilegales que en pasadas elecciones, y que “son los políticos, no los grupos armados, los principales agentes del riesgo de fraude electoral en las elecciones de 2011”.
Para la Defensoría, los grupos armados ilegales pretenden incidir mediante la fuerza en la esfera de lo público y lo político. “El grupo armado ilegal ‘Los Rastrojos’ y ‘Las Águilas Negras’ intentan influir en los destinos municipales a partir de la imposición y veto de candidatos que no se acojan a sus directrices políticas”.
En las áreas rurales de los municipios de Policarpa, Samaniego, Cumbitara, Ipiales, y Cumbal, las intimidaciones y presiones de tipo político por parte de las organizaciones guerrilleras del ELN y las Farc, y el grupo armado ilegal ‘los Rastrojos’ son de carácter público, “imponen o niegan de forma abierta el apoyo a determinados aspirantes a cargos de elección popular”.
Finalmente, invitan a las autoridades a concentrar esfuerzos de mitigación de posibles irregularidades, delitos electorales y actos de violencia contra los candidatos, mediante la adopción de medidas preventivas y a garantizar una contienda electoral transparente y con condiciones necesarias para candidaturas y electorado.